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Los acuerdos de Basilea, la reacción de los supervisores a la crisis financiera de 2008

31 de enero de 2019

Con el nombre de Basilea III se denomina a una serie de medidas promovidas por el Foro de Estabilidad Financiera y el G20, cuyo objetivo es seguir fortaleciendo el sistema financiero tras la crisis generada por las hipotecas subprime, en 2008, y que acabó con la quiebra de gigantes como Lehman Brothers.

Se trata de una serie de medidas complementarias a las ya conocidas de Basilea I y II, que se plasman en una Directiva (2013/36UE) y un Reglamento (575/2013) de requisitos de capital, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2022, tras sucesivos aplazamientos.

La crisis hipotecaria

Para entender lo que significan estas normas y qué es lo que llevó a su adopción, hay que remontarse a la crisis de 2008. Una crisis que se originó por la ausencia de reservas suficientes en el sector financiero para hacer frente a los riesgos derivados de la concesión de hipotecas a clientes que carecían de la solvencia suficiente y que comenzaron a dejar de pagarlas conforme se fueron quedando sin empleo.

Esas hipotecas, denominadas “subprime”, fueron agrupadas, titulizadas y convertidas en productos estructurados que los bancos de inversión ofrecieron a inversores de todo el mundo, originando una reacción en cadena.

 

Los préstamos hipotecarios de alto riesgo subieron drásticamente durante el período 2004-2006, poco antes que la crisis se desatara. Fuente: Wikipedia

 

En cuanto comenzaron los impagos, el sistema se desplomó: las pérdidas de los inversores fueron millonarias y los bancos comenzaron a quebrar. Primero lo hicieron las sociedades hipotecarias que habían concedido alegremente aquellos créditos (las estadounidenses Fanny Mae y Freddie Mac), hasta que la reacción en cadena llegó a un gigante de la inversión como Lehman Brothers, al que la Reserva Federal de EEUU se negó a rescatar y cuya quiebra, en septiembre de 2008, se considera el inicio de la crisis.

 

 

Dada la gravedad de la situación, los estados se vieron obligados a intervenir para atajar la situación y reducir los daños colaterales, estableciendo multimillonarios planes de rescate con fondos públicos, que las entidades aún están devolviendo.

Estas ayudas públicas legitimaron a los organismos reguladores internacionales para acometer una intervención coordinada a gran escala en el sistema financiero, que se ha ido plasmando en los sucesivos acuerdos denominados Basilea I, Basilea II y Basilea III.

El Acuerdo de Basilea III

El marco de Basilea III, que lleva negociándose desde 2010 y que comenzara a aplicarse el 1 de enero de 2022, es una nueva respuesta del Comité de Basilea a la crisis financiera mundial. Sirve para abordar una serie de deficiencias que se han identificado en el marco regulador anterior a la crisis.

Estas reformas se han llevado a cabo en dos tramos:

  1. En 2010 se encaró la necesidad de restablecer la credibilidad del cálculo de los activos ponderados por riesgo, que sirven para determinar el capital mínimo, que sirven para determinar el capital mínimo que cada banco debe tener en sus reservas para poder hacer frente a pérdidas inesperadas.
  2. Posteriormente, en 2017, se aprobaron nuevas reformas, ya que se había detectado la existencia de una enorme variedad en los activos ponderados por riesgo de las diferentes entidades financieras, que dificultaba la comparación de los coeficientes de capital entre ellas, poniéndolos en duda.

Además, estas reformas de 2017 también han limitado el uso de modelos internos por parte de los propios bancos para el cálculo del capital regulador, ya que se habían detectado estimaciones de riesgos erróneas en algunas entidades.

 

Resumen

El siguiente es un cuadro resumen de las reformas de Basilea III, elaborado por el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés).

Cuadro resumen de las características principales de Basilea III

 

 

Hay que recordar que, como hemos explicado en otros artículos de este blog, Sociedad Española de Metales Preciosos de Inversión no está sometida a estos requerimientos de capital, ya que no comercializa productos financieros ni es una entidad financiera. Su actividad está debidamente supervisada por el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), organismo vinculado al Banco de España.

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