El pasado 9 de enero, la prensa especializada publicaba que un responsable de la agencia de calificación Fitch había alertado sobre el aumento de los niveles de deuda del Gobierno de Estados Unidos y el cierre parcial del mismo. La imposibilidad de aprobar unos nuevos presupuestos por el enfrentamiento entre Trump y la Cámara de Representantes controlada por los demócratas podría comprometer la calificación crediticia del país.

Concretamente, era el responsable global de calificaciones crediticias de Fitch, James McCormack, quien señalaba que:

“Si esta situación continúa hasta el 1 de marzo y el techo de la deuda se convierte en un problema varios meses después, es posible que tengamos que empezar a pensar en el marco político, la incapacidad de aprobar un presupuesto y si todo eso es consistente con la AAA”.

 

¿Qué implicaciones puede tener esa rebaja de la calificación crediticia de una de las mayores economías del mundo?

Muchas e importantes. Pero para entenderlo, vamos a ver primero qué son las calificaciones crediticias, quién las otorga y de qué manera pueden influir en los inversores.

Las calificaciones crediticias son puntuaciones otorgadas por una serie de agencias de rating a los créditos o deudas de diferentes empresas, gobiernos o personas, en función de su calidad. Esa calidad se mide por su historial crediticio y por la probabilidad de que esos créditos resulten impagados. Es decir, que cuanto menos riesgo exista de impago del crédito o la deuda, mayor será la nota que las agencias le otorguen.

Para determinar esta calidad, las agencias valoran:

• Los activos y pasivos del emisor
• Su capacidad para generar beneficios y flujos financieros o, en el caso de un país,
• Sus perspectivas de crecimiento económico a medio o largo plazo.

¿Por qué se otorgan estas calificaciones y para qué sirven?

Principalmente, para determinar el grado de solvencia de las entidades analizadas, lo que ayudará a otras entidades o empresas a decidir si les conceden o no un crédito, en función de su capacidad de devolución y qué tipo de interés deben aplicar: a mayor riesgo, mayor interés.

Esta forma de cuantificar el riesgo permite que los inversores y el resto de agentes que intervienen en el mercado puedan percibir el grado de solvencia que tiene un emisor de deuda (una empresa o país) y, al mismo tiempo, que los organismos de supervisión verifiquen el nivel de riesgo que asumen esos emisores.

Agencias de calificación

Existen varias agencias de calificación, pero tres de ellas son las principales, ya que acaparan alrededor del 90% del mercado mundial. Y las tres son de capital estadounidense: Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s.

Las calificaciones emitidas por estas agencias se diferencian según sean para deudas a corto o largo plazo, es decir a menos o más de un año. En las de corto plazo, las agencias evalúan principalmente la liquidez, mientras que en las de largo plazo tienen en cuenta la solidez y solvencia del emisor.

Sus calificaciones se establecen por medio de una combinación de letras y números, siendo la máxima de ellas ‘AAA’. Tener una “triple AAA” como calificación es una garantía de confianza y solvencia. Es la calificación que, por ejemplo, tiene actualmente Estados Unidos, y que ha sido cuestionada por la agencia Fitch, como explicábamos al principio. El hecho de ver cómo se rebaja, aunque sea solo un escalón, supone un aviso importante que los inversores y demás agentes del mercado van a tener muy en cuenta.

A partir de la ‘AAA’, las calificaciones van bajando de forma gradual. En el caso de Fitch y Standard & Poor’s, el código alfanumérico es él mismo para la deuda a largo plazo. Moody’s utiliza uno diferente (ver gráfico).

 

 

Desde el décimo escalón (BBB- en Fitch y S&P, Baa3 para Moody’s) para abajo, se suele calificar coloquialmente como “bono basura”, un término lo suficientemente expresivo, que indica las dudas que genera entre los inversores su solvencia.

La calificación de empresas, instituciones o países se realiza en función de la fortaleza financiera con que cuentan. En cambio, la valoración de una determinada emisión de bonos se determina en función del colateral aportado como garantía, o de la estructura de la prelación de pagos, es decir, el orden en el que van a cobrar los acreedores en caso de que se produzca una quiebra.

En el caso de las emisiones, por lo general, los inversores más prudentes optan por las que tienen las calificaciones más altas, aunque sus rendimientos sean menores. En cambio, los inversores que prefieren arriesgar con emisiones peor calificadas obtienen como compensación una mayor rentabilidad.

Mejoras y rebajas

Estas calificaciones no son estáticas, sino que las agencias que las han realizado pueden modificarlas en función de la situación del mercado, de la evolución del negocio y de otros factores que afecten a la empresa, organismo o emisión.

Por ejemplo, en Estados Unidos, la situación política y el incremento de la deuda podrían llevar a una rebaja de su calificación, como apuntaban desde Fitch.

 

En caso de que se den las condiciones para modificar la valoración, las agencias emiten lo que se denomina “rating outlook” o perspectiva, que puede ser de tres formas:

• Positiva (“upgrade”), cuando se mejora la calificación original.
• Estable, cuando no se prevén variaciones en la misma.
• Negativa (“downgrade”), cuando la calificación empeora.

Una rebaja en la calificación de un organismo emisor, por ejemplo, puede provocar una cierta sensación de pánico entre los inversores, que pueden apresurarse a retirar sus inversiones ante el temor a que no pueda pagarles la retribución prometida.

 

El caso de Estados Unidos

Siguiendo con el ejemplo de Estados Unidos que veíamos al principio, hay que recordar que, a principios del mes de agosto de 2011, la agencia Standard & Poor’s rebajó, por primera vez desde 1941, la calificación crediticia del país desde ‘AAA’ a ‘AA+’ y amenazó con otra revisión a la baja en un periodo de entre 12 y 18 meses, debido a la situación del Gobierno y al incremento de la deuda.

 

 

Esta decisión afectó a la financiación del propio país, de sus empresas y de los consumidores, que vieron cómo se encarecían los costes de sus créditos.

Lógicamente, estas calificaciones son solo una forma de evaluar a los emisores y las emisiones de deuda, pero no son infalibles. De hecho, a raíz de la crisis financiera que se desencadenó en 2008, las agencias de calificación se situaron en el punto de mira de los inversores, ya que se les acusaba de no haber previsto la crisis de las llamadas “hipotecas subprime”, que luego propició la quiebra de varias entidades financieras estadounidenses y que acabó por tumbar al gigante Lehman Brothers.

Sin embargo, hasta que no exista otra fórmula mejor, los inversores van a seguir atendiendo a las calificaciones para tomar sus decisiones.

El oro, el activo más seguro

“El oro es el activo de inversión más antiguo, seguro, rentable y líquido que existe. Es el auténtico activo triple A, no porque lo diga ninguna empresa, sino porque no representa la deuda de nadie: no tiene riesgo de contraparte y no depende de la solvencia de nadie”.

Son palabras de Gabriel Ruiz, presidente de SEMPI Gold España, que ponen de relieve la ventaja que tiene el oro respecto a otras alternativas de inversión como las calificadas por las agencias que acabamos de ver.

Frente a las acciones de empresas o emisiones de bonos soberanos, que dependen de la solvencia de las compañías o de los gobiernos emisores, convenientemente calificadas por Fitch. S&P y Moody’s, el oro no tiene esa dependencia del cumplimiento de los compromisos por parte de nadie. Tiene valor por sí mismo, en cualquier circunstancia y lugar. Por eso se dice que es el auténtico dinero.

De hecho, según se reconoce en los acuerdos de Basilea III (que entrarán en vigor el 1 de enero de 2022), el oro está catalogado como “activo Tier 1”, es decir, de riesgo cero, equiparable a la calificación ‘AAA’ y equivalente al dinero real.