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Metales Preciosos de Inversión

 

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Los expertos señalan que la reforma del sistema público de pensiones es insuficiente

18 febrero 2021

Conforme avanza el tiempo, se van conociendo más detalles sobre la reforma del sistema público de pensiones, a partir de las 21 recomendaciones realizadas desde la Comisión del Pacto de Toledo. Algunas medidas ya se han puesto en marcha y otras que han trascendido, han sido recibidas con críticas por parte de los expertos.

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Algunas de las iniciativas para la reforma del sistema público de pensiones español que parten de las 21 recomendaciones realizadas por la Comisión del Pacto de Toledo están comenzando a ponerse en marcha desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, antes incluso de que se apruebe la reforma.

 

Traspaso de gastos

Como explica un artículo publicado en Finanzas.com, una de las medidas que ya se ha puesto en marcha es el traspaso de los gastos no contributivos desde el sistema público de pensiones al Estado.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 reconoce que el Estado va a aportar alrededor de 14.000 millones de euros al sistema de pensiones, trasladando el déficit de éste a la administración.

Entre las partidas de las que a partir de ahora se hará cargo el Estado se encuentran los gastos de políticas no contributivas; las deducciones en las cotizaciones de autónomos, trabajadores agrarios y empleados del hogar; y las prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos, entre otras.

La decisión del ministro José Luis Escrivá de sacar estos gastos de la Seguridad Social ayudará a equilibrar las maltrechas cuentas del sistema público, y ha sido bien acogidas por los expertos, que consideran que estos gastos no debería sufragarlos éste, ya que son de carácter social y, por tanto, deben financiarse por medio de impuestos, no de cotizaciones.

 

Planes de empleo

 

Sin embargo, otras de las medidas que se están poniendo en marcha por parte del Ministerio de Seguridad Social no han sido acogidas tan calurosamente. En concreto, el proyecto de creación de un fondo de pensiones colectivo de promoción pública, con el que el ministro pretende impulsar los planes de pensiones de empleo, para lo cual se han trasladado, en los Presupuestos de 2021, los beneficios fiscales de los planes individuales a los colectivos.

Como explican desde Finanzas.com, a partir de este año se reducirá la aportación máxima a los planes de pensiones individuales con derecho a desgravación en el IRPF desde los 8.000 a los 2.000 euros.

Además, los planes de pensiones de empleo con derecho a deducción verán cómo aumenta el máximo de sus aportaciones desde los 8.000 a los 10.000 euros.

Precisamente este fondo ha sido objeto de críticas por parte de varios expertos, que dudan de que consiga el objetivo propuesto.

Según explica Jesús Pérez, del Instituto de Estudios Bursátiles, a Finanzas.com, “el fondo es una carcasa pública para acoger a planes de pensiones de empleo ya creados y a otros nuevos. No veo su aportación de valor, más allá de tapar la eliminación de los incentivos fiscales de las aportaciones a los planes de pensiones individuales”.

Por su parte, Gonzalo Núñez Sarompas, profesor del Centro de Estudios Financieros, señala en el mismo medio que “si el Gobierno pretende establecer un complemento privado al sistema público de pensiones para garantizar un mayor nivel de renta a los futuros pensionistas -descargando de presión a la Seguridad Social-, no parece que esta medida vaya a ser efectiva al no alcanzar a la mayor parte de quienes se jubilarán en los próximos años o décadas”.

Ampliación del cómputo de las pensiones

Otro punto polémico de las reformas se refiere a la intención del ministro de la Seguridad Social de ampliar a 35 años el cómputo de las pensiones. Aunque el ministro Escrivá ha sido muy cauto en sus últimas declaraciones al respecto (“Tenemos que hacer cálculos al respecto, por lo que aún no sabemos qué vamos a hacer”), lo cierto es que ya ha llevado esta reforma a la reunión que mantuvo en Bruselas con el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, el pasado 1 de octubre, sin advertirlo antes en la Comisión del Pacto de Toledo.

La ampliación de 25 a 35 años del plazo de cotización utilizado para calcular la cuantía de la pensión va en perjuicio de los pensionistas. Lo más normal es la vida laboral de una persona es que perciba un salario cada vez mayor, por lo que, si se calcula sobre un plazo de 35 en vez de 25 años, el resultado será una pensión menor.

De hecho, desde el propio Gobierno han reconocido que el efecto de este recorte del plazo será de una reducción media de un 5,5% en la cuantía de las pensiones.

 

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A tenor de la situación y teniendo en cuenta que las reformas del sistema público de pensiones que se avecinan distan mucho de constituir una solución viable para la crisis que aqueja a la Seguridad Social, conviene buscar alternativas o complementos que nos permitan disfrutar de una jubilación sin sobresaltos.

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