La pandemia de Covid-19 ha impactado en todos los niveles de la sociedad española. El primero y principal, con la pérdida de más de 40.000 vidas humanas. Y posteriormente, con una crisis económica generada por la paralización de la economía que, muy probablemente, va a ser más grave que la de 2008. En semejante entorno, el problema de las pensiones públicas en España se ha agravado aún más. Para hacerle frente, existen alternativas que hay que tener cada vez más en cuenta, ya que la situación exige tomar decisiones rápidas para garantizar nuestro futuro patrimonial.

El impacto en las cuentas de la Seguridad Social

Este descenso ha provocado efectos como que, por primera vez en su serie histórica, se haya reducido el gasto en pensiones de un mes a otro: en mayo, el gasto fue de 26.360 millones de euros menos que el mes anterior, cifra que equivale a un 2% del PIB español.

Pese a esta reducción, el impacto del Covid-19 ha sido devastador en las cuentas de la Seguridad Social: su déficit presupuestario se va a triplicar este año, pasando de 17.500 millones de euros en 2019 a alrededor de 60.000 millones en 2020. Y eso, en el mejor de los escenarios previstos.

Desde el Instituto de Actuarios Españoles apuntan que el llamado Fondo de Reserva de la Seguridad Social, al que durante años ha recurrido la Seguridad Social para el pago de las pensiones, se encuentra bajo mínimos y apenas contiene ya unos 2.150 millones de euros.

Ello va a provocar que el obligado recurso a préstamos y transferencias del Estado para hacer frente al gasto de las pensiones vaya a alcanzar niveles récord en este año, después de haberse convertido en el último recurso del Gobierno.

El futuro de las pensiones

De cara al futuro, las perspectivas no son nada halagüeñas. Como señala el economista José Carlos Díez, “el actual sistema de pensiones en España es insostenible”.

Según Díez, existen muchas posibilidades de que las pensiones se vuelvan a congelar, dada la actual situación económica y la perspectiva de que este año no haya inflación.

Lo que no se contempla es que se reduzcan las pensiones, ya que el colectivo de pensionistas es muy numeroso (alrededor de nueve millones de personas) y ningún partido en el Gobierno se va arriesgar a adoptar una medida tan impopular.

Lo que sí es posible, según José Carlos Díez, es que se adelante a 2023/24 el aumento de la edad de jubilación a los 67 años, en vez de hacerlo efectivo a partir de 2027, como estaba previsto. Esta decisión permitiría reducir el déficit y constituiría “un mensaje positivo” de cara a la solución del problema.

También es probable que se alargue más el cálculo de la vida laboral para hallar el importe de la pensión, que será más baja respecto al último salario percibido por el trabajador que se jubila.

Respecto a las prejubilaciones, Díez duda mucho de que se pueda llevar a cabo la intención del Gobierno de restringirlas, sobre todo teniendo en cuenta que la crisis económica va a provocar una reconversión industrial, con el cierre de factorías tan importantes en España como al de Nissan.

De hecho, el economista recuerda que la penalización de las prejubilaciones es muy importante en nuestro país, con un 8% menos de pensión por cada año que se adelante la edad de jubilación.

Y respecto al antes mencionado Fondo de Reserva de la Seguridad Social, José Carlos Díez es contundente: “el Fondo de Reserva ya es historia. Con el déficit actual, la Seguridad Social no va a ahorrar para ingresar dinero en este fondo en al menos una década”.

El oro físico como complemeto

Ante semejante panorama, todos los trabajadores en activo deben preocuparse y adoptar decisiones sobre su futuro patrimonial. El sistema de pensiones no va a ser capaz, por sí mismo, de satisfacer las necesidades de los jubilados, que experimentarán una reducción de su poder adquisitivo respecto a cuando estaban en activo.

En otros países de la Unión Europea que se enfrentan a los mismos cambios demográficos y envejecimiento de la población que nosotros (Alemania, por ejemplo), los trabajadores en activo tienen muy claro que deben complementar la pensión estatal con ingresos que les permitan disfrutar de una jubilación sin estrecheces económicas.

Para ello, un recurso habitual es adquirir oro físico, en forma de monedas o lingotes, que van acumulando y que, llegado el momento, les sirve para complementar la pensión o hacer frente a gastos imprevistos.

Esta misma fórmula, pero sistematizada y gestionada de forma profesional es la que propone SEMPI Gold España a sus clientes, por medio del Contrato Retiro de Oro, un plan a largo plazo diseñado especialmente para este objetivo.

Como señalábamos en este post, es el momento de adoptar las decisiones sobre nuestro futuro patrimonial cuanto antes, porque el tiempo corre en contra nuestra en este aspecto.